ICE es acusado por la “detención inconstitucional” de un inmigrante de L.I.

Redacción LTH
Aunque no es el primer caso en que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detiene a un inmigrante indocumentado, en base a una orden de detención administrativa de la propia agencia, el arresto de Joaquín Orellana Castañeda y la demanda del LatinoJustice PRLDEF, que está desafiando la constitucionalidad de la detención, podría cambiar la historia en la Era de las Deportaciones de Trump.
En esencia, LatinoJustice PRLDEF cuestiona la constitucionalidad de las órdenes administrativas de ICE enviadas a las agencias policiales locales, para mantener detenidas a los inmigrantes después de su fecha de liberación, sin que la orden este acompañada de una autorización judicial.
Y la demanda también implica que las agencias policiales locales, que cumplen voluntariamente con la solicitud administrativa de ICE para detener a los inmigrantes sin una orden judicial, corren el riesgo de ser demandados y ser considerados responsable de llevar a cabo una detención inconstitucional.

Fue detenido en Suffolk
La demanda se basa en el caso de Orellana Castañeda, un inmigrante residente en Brentwood, Nueva York, quien el pasado 23 de abril fue detenido por la policía del Condado de Suffolk por, supuestamente, conducir borracho y sin licencia. Ese mismo día el hombre, de 34 años y origen guatemalteco, fue procesado en una corte y un juez le impuso una fianza de $1,000 para salir en libertad, tras lo cual quedó en custodia del Alguacil de Suffolk.
Y aunque su familia pagó la fianza al día siguiente, la oficina del Alguacil mantuvo detenido a Orellana Castañeda, debido a que ICE aparentemente envío una orden administrativa para que retuvieran al inmigrante por 48 horas adicionales.
Tras ser entregado a los agentes de ICE, sin que hubiera una orden judicial, Orellana Castañeda, quien trabajaba como jardinero, fue trasladado a la cárcel del Condado de Bergen, en Hackensack, Nueva Jersey, donde aún se encuentra. Orellana no tenía antecedentes criminales, ni una orden judicial de detención, según sus defensores.
Orellana tiene una audiencia con un juez de Inmigración este 20 de julio, en la cual se podría decir el futuro sobre su posible deportación.

Hasta Bellone está demandado
Tras conocerse el caso, Latino Justice y el estudio de abogados Winston & Strawn LLP, elaboraron y presentaron una demanda en nombre de Orellana, en la cual acusan que las agencias involucradas, a nivel federal y local, ignoraron las leyes y actuaron inconstitucionalmente.
Entre los denunciados están el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus jefes, ICE y su Director Ejecutivo Matthew Albence, el Condado de Suffolk y su Ejecutivo, Steve Bellone, la Oficina del Alguacil de Suffolk y el mismo alguacil Vincent DeMarco.
“El clima político actual en materia de inmigración ha creado un ambiente en el que situaciones como la de Orellana Castañeda están ocurriendo con demasiada frecuencia”, dijo Juan Cartagena, presidente y asesor general de LatinoJustice PRLDEF.

Violación de la 4ta Enmienda
LatinoJustice PRLDEF dijo en un comunicado que las detenciones sufren de un defecto obvio y evidentemente preocupante: “Buscan la detención de alguien sin una autorización judicial, como lo requiere la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”. Durante los últimos cinco años, una serie de decisiones judiciales federales han encontrado consistentemente que las agencias policiales locales son responsables de detener a individuos, basados únicamente en órdenes administrativas de ICE.
Generalmente, ICE no solicita una orden judicial, ni una resolución judicial de causa probable para arrestar y detener a alguien, ni siquiera una determinación individualizada que respalde la detención continua del individuo. “Por lo tanto, no es de extrañar que individuos, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, hayan sido encarcelados durante días basados en la propia orden de detención administrativa de ICE”, según LatinoJustice.
Si se gana el caso, Pérez cree que marcaría un precedente para el estado de Nueva York y mandaría un “fuerte mensaje al Condado de Suffolk y la Oficina del Alguacil”, sobre no detener a alguien después de que se supone que sea liberado y termine la colaboración con ICE.

Alguacil de Suffolk revirtió medida del 2014
José Pérez, abogado y director de asuntos legales para Latino Justice, encuentra “altamente preocupante” que luego de la elección Trump, el Alguacil DeMarco retrocedió su política establecida en el 2014 de ignorar las órdenes de detención de ICE, luego que el abogado del condado recomendara que sería ilegal detener a alguien más tiempo de su día de liberación sin una orden judicial.
La nueva política del Alguacil de Suffolk está yendo en contra de recomendaciones del Fiscal General del estado Eric Schneiderman y la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York, quienes recomendaron que “los alguaciles no deberían detener a personas más allá de su fecha de liberación basado en una orden de detención federal, aunque esté acompañado de una orden de deportación, a menos que además haya una orden judicial”.
Un vocero del condado de Suffolk expresó a un diario local que “vamos a examinar la demanda” antes de emitir una opinión al respecto.